Utilización de imagen y texto en la ciudad. Leitmotiv: Constitución Española. “Fotopolla”

Marta Ruiz Y Miquel Falgás

Artículo 18 de la Constitución Española:

  1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
  2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
  3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
  4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

El apartado 3 del Artículo 18 de la Constitución Española, solo deja constancia del derecho al secreto de comunicaciones, tales como telegramas, llamadas telefónica, cartas y postales salvo, que fuera necesaria la revisión en caso judicial. Siendo que la Constitución es del 1978, lejos queda en ese momento prever la magnitud que alcanzarian los actuales Big Data. Si bien deja claro el secreto de las comunicaciones en ámbito general, difícilmente en ese breve artículo puede contemplar la verdadera complicada gestión que supone toda la información de dominio público generada en la web y en especial de las redes sociales.

Las redes sociales son en realidad legalmente consideradas de dominio privado, y cualquier usuario, para formar parte de ella, debe aceptar en su totalidad los los Términos y Condiciones de Uso. No obstante, aunque sea un ámbito privado que se rige por sus propias normas de uso, algunas prácticas y actividades llevadas a cabo en las mismas entran en conflicto con lo que a rasgos generales declara la Consititución. Prácticas como la implantación, suplantación y robo de la imagen e identidad personal, ciberabusos, sexting…

    El colectivo de usuarios en la Web crea lo que Juan Martín Prada denomina multitud conectada, la cual es a día de hoy la nueva fuerza económica en forma de información que las empresas gestionan libremente. Estas mismas empresas tratan de crear relaciones humanas afectivas/vida social en la Web 2.0. Los usuarios sentirán la necesidad de participar activamente ya sea compartiendo imágenes, vídeos, archivos o dándole al “like”. Los usuarios son, no solo espectadores y consumidores, sino a su vez creadores y proveedores de lo que consumen. “La web 2.0 es esa web “para” el usuario generada “por” el usuario.”

          Esto mismo que Juan Martin Prada expone en su ensayo, el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) contempla la rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera signifi­cativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales.

Puesto que los entresijos legales que surgen al enfrentar redes sociales y el marco legal español escapan por su complejidad, la supuesta privacidad de la intimidad y de la propia imagen es totalmente quebrantada por las políticas de uso de cada una de las redes sociales, que ante su propia y privada política de uso, puede saltarse las leyes haciendo difícil la denuncia de los casos expuestos con anterioridad; esto sin mencionar el cuestionable uso a nivel mundial de los Big Data.

Decidimos afrontar este ejercicio desde el absurdo, tomando una habitual, surrealista y cuestionable práctica en redes sociales: la fotopolla/dickpic. Esto es: un usuario cualquiera envía por mensajería privada (mensaje directo) una fotografía de su miembro masculino, ya puede ser de forma anónima o mostrando su verdadera identidad.  En esta práctica entra en conflicto lo que puede considerarse como una muestra de libertad de expresión personal, en este caso mandar una fotopolla [Artículo 20 de la Constitución Española: 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.], que verdaderamente atenta contra el honor e intimidad de la persona que la recibe.  Yendo más allá, puesto que esta práctica sucede en una conversación privada (como si de una carta se tratara), ésta sin el consentimiento de ambas partes debería permanecer en secreto tal y como contempla la misma Constituciónx, ya que sino, se estaría atentando contra la persona que mandó la fotopolla. Una captura de pantalla podríamos decir que es un acto anticonstitucional.

Para cuestionar la supuesta privacidad que debieran tener dichas prácticas que atentan contra la intimidad personal, lo sacamos de su contexto fotocopiando las capturas de pantalla de las mencionadas conversaciones poniéndolas en sobres para mandarlas por carta; de esta manera se hace referencia a las cartas y telegramas que contempla la Constitución, evidenciando el absurdo de la cuestionable y dudosa regulación que se hace de la privacidad en una era digital donde llamadas telefónicas y postales quedaron atrás hace tiempo.

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